Este martes, el Senado de la República dará inicio a la discusión de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa, que busca llevar a las urnas la reforma laboral rechazada previamente por el Congreso, ha generado un ambiente de fuerte tensión política y divide a los partidos tradicionales.
La propuesta del Ejecutivo contempla 12 preguntas en el tarjetón electoral, donde los ciudadanos podrán responder con un “sí” o un “no”. El objetivo del presidente es que los colombianos decidan directamente sobre las reformas sociales que no han logrado avanzar en el legislativo.
La votación en el Senado podría realizarse tan pronto como este miércoles, siempre que se cumpla el quórum mínimo de 53 senadores. Según fuentes consultadas, el Gobierno cuenta ya con al menos 32 votos seguros, y confía en obtener el respaldo necesario con apoyo de sectores disidentes dentro de los partidos tradicionales.
El panorama actual muestra al Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Cambio Radical (excepto Temístocles Ortega) decididos a votar en contra. Por su parte, los partidos Liberal, Conservador, La U, Mira y ASI mantienen posturas divididas, lo que podría inclinar la balanza en una u otra dirección. En contraste, el Pacto Histórico, Comunes y Alianza Verde —con excepción del senador Jota Pe Hernández— respaldan la consulta.
En el Congreso, las declaraciones recientes del presidente Petro han causado molestia. Algunas bancadas interpretaron sus afirmaciones como intimidaciones, luego de que advirtiera que los legisladores que se opongan a la consulta podrían ser revocados por los ciudadanos en futuras elecciones. “El pueblo de Colombia se levanta y los revoca”, dijo el mandatario, generando controversia entre los congresistas.
Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la propuesta: “Soy optimista. Nadie que haya sido elegido por el pueblo debería negarle la posibilidad de pronunciarse. El Senado no puede cerrarle la puerta a la voluntad popular”.
En caso de que el Senado apruebe la iniciativa, la Registraduría estima que el proceso tendría un costo superior a los 700.000 millones de pesos. Se proyecta que la jornada electoral podría llevarse a cabo en septiembre, siempre que el Gobierno logre movilizar al menos al 33 % del censo electoral.
El debate continúa y se perfila como una de las discusiones más polarizantes del actual periodo legislativo.
