Un reportaje de la Unidad Investigativa de Caracol Televisión, dirigido por el periodista Ricardo Calderón, desató una fuerte controversia nacional. La investigación expone el contenido de más de un centenar de dispositivos electrónicos —entre ellos computadores, memorias USB y celulares— que pertenecían a alias Calarcá, miembro de las disidencias de las Farc, y que hoy están bajo custodia de la Fiscalía. Según el informe, pese a la gravedad del material encontrado, no se han tomado acciones judiciales de fondo.
De acuerdo con la información revelada, los registros incluirían comunicaciones que vincularían a mandos de las disidencias con altos funcionarios del Estado. Entre ellos, se mencionan al general Juan Miguel Huerta, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wílber Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También se plantea la posibilidad de que estas organizaciones hayan influido en estructuras oficiales e incluso en escenarios políticos.
Las reacciones no se hicieron esperar. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó con dureza la falta de respuestas oficiales, señalando que ni el presidente Gustavo Petro ni la cúpula militar se han pronunciado frente a las revelaciones. Cuestionó además la capacidad de estas instituciones para garantizar transparencia en próximos procesos electorales.
El exfiscal general Francisco Barbosa también se refirió al informe, afirmando que los hallazgos muestran una preocupante penetración del crimen organizado en el Estado. Barbosa pidió que se investigue penalmente a los funcionarios que habrían participado o permitido estos hechos, y sostuvo que incluso autoridades extranjeras deberían intervenir.
La periodista y candidata Vicky Dávila cuestionó directamente el papel de la Fiscalía liderada por Luz Adriana Camargo, asegurando que el material incautado comprometería a miembros del Gobierno, de la Fuerza Pública y a terceros. Recordó además que la fiscal Camargo fue quien autorizó la liberación de alias Calarcá cuando este fue retenido por militares.
El precandidato David Luna calificó de “contundentes” las revelaciones, y afirmó que estas evidenciarían un nivel de infiltración del narcotráfico en instituciones de inteligencia y el Ejército. Exigió explicaciones inmediatas del Ejecutivo y señaló que, de comprobarse lo expuesto, el presidente debería asumir responsabilidades políticas.
En la misma línea, el también candidato Juan Carlos Pinzón afirmó que los hallazgos afectan la imagen y el honor de las Fuerzas Armadas. Señaló que, de confirmarse los vínculos, el general mencionado debería ser retirado y procesado penalmente.
Finalmente, el expresidente Andrés Pastrana recordó que durante la campaña presidencial había advertido sobre posibles acercamientos entre integrantes del actual Gobierno y organizaciones criminales, asegurando que estas nuevas revelaciones reforzarían esas alertas.