El gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a colocar en el centro del debate público el capítulo relacionado con los presuntos aportes ilícitos vinculados a la constructora Odebrecht y a las campañas electorales en Colombia. Esta vez, la administración nacional dio un paso institucional decisivo: el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, envió una carta formal a autoridades judiciales de Estados Unidos solicitando que se entregue información completa sobre la identidad del enigmático “Funcionario Colombiano 3”, personaje clave mencionado en investigaciones internacionales y cuya participación habría sido fundamental para esclarecer la ruta de los sobornos.
La solicitud, plasmada en una comunicación oficial de dos páginas, fue enviada a la Fiscalía del Distrito de Maryland y a la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde las primeras líneas, el documento resalta la necesidad de que la información reservada sea compartida con el Gobierno de Colombia para avanzar en la lucha contra la corrupción y despejar dudas sobre la participación de altos cargos de la administración pública en estos hechos.
Un personaje central en el acuerdo judicial de Estados Unidos
El pedido del Ministerio de Justicia hace referencia directa al Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) firmado el 1.º de agosto de 2023 entre Corficolombiana, el Grupo Aval, la Fiscalía de Maryland y el Departamento de Justicia estadounidense. Este acuerdo surgió en el marco de la investigación bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permitió reconstruir el esquema de pagos ilegales durante la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol.
En los documentos del DPA aparece mencionado de manera reiterada el llamado “Funcionario Colombiano 3”, descrito como beneficiario de pagos indebidos dentro de la estructura de sobornos articulada por Odebrecht y sus aliados en Colombia. Aunque su identidad permanece oculta en el país, se sabe que las autoridades norteamericanas sí tienen claro quién es esta persona.
Según señala la carta enviada por Idárraga, este funcionario habría desempeñado un cargo de alto nivel dentro de la Rama Ejecutiva entre 2010 y 2018, periodo que abarca todo el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos. Esta referencia temporal refuerza la relevancia de la figura y su probable conexión con decisiones estratégicas relacionadas con la contratación del proyecto vial en cuestión.
La relevancia para Colombia
Para el Gobierno Petro, conocer quién está detrás del alias “Funcionario Colombiano 3” resulta fundamental por varias razones. En primer lugar, porque su identificación podría permitir avanzar en la reconstrucción de la verdad sobre la forma en que operó Odebrecht en Colombia, un entramado de corrupción con efectos todavía palpables en la opinión pública y en las instituciones estatales.
En segundo lugar, porque la información contenida en el DPA podría aportar elementos claves sobre cómo se habrían movido los recursos irregulares que habrían terminado alimentando campañas electorales. La carta subraya que esta persona no solo tenía conocimiento de los hechos, sino que también habría participado de manera directa en las decisiones o procesos que permitieron que se concretaran los pagos ilegales.
El ministro Idárraga afirma en el documento que la identificación de este funcionario tiene un valor simbólico y práctico para el país, pues fortalecería la capacidad institucional para sancionar a quienes se beneficiaron de esquemas de corrupción y, al mismo tiempo, enviaría un mensaje contundente de transparencia.
Solicitud directa a la justicia de Estados Unidos
En el texto enviado a Estados Unidos, el ministro no solo pide el nombre del funcionario, sino también los documentos, pruebas y soportes con los que las autoridades estadounidenses lograron establecer su identidad. Esta solicitud puede, adicionalmente, ser trasladada —si así lo determinan las autoridades norteamericanas— a la Fiscalía General de la Nación, dejando abierta la puerta para que el ente investigador colombiano participe de manera más activa en la investigación.
La misiva enfatiza que la cooperación internacional es indispensable para avanzar en casos de corrupción transnacional como el de Odebrecht, en los que participaron empresas y funcionarios de varios países. Por ello, insiste en que entregar esta información al Gobierno de Colombia contribuiría de manera decisiva a esclarecer uno de los episodios más complejos de la historia reciente en materia de contratación pública.
Un capítulo que vuelve a abrirse
Con esta carta, la administración Petro reabre un debate que había permanecido en relativa quietud durante los últimos meses. El caso Odebrecht, que generó escándalo en todo el continente, sigue teniendo zonas oscuras en Colombia, especialmente en lo relacionado con funcionarios de alto nivel que habrían sido parte de la red de sobornos. El Gobierno busca que, con ayuda de Estados Unidos, se puedan identificar nombres propios y responsabilidades concretas.
La petición del Ministerio de Justicia marca un nuevo capítulo en las investigaciones y refleja la intención del Gobierno actual de avanzar en la remoción de obstáculos que, durante años, han impedido conocer la totalidad de los implicados en esta trama de corrupción.
