El anuncio y desarrollo de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha vuelto a encender las alarmas de seguridad en Colombia. La medida, que comenzó este domingo y se extenderá hasta la medianoche del miércoles, tiene carácter nacional y ha obligado a las autoridades a desplegar operativos especiales para proteger a la población civil y preservar el orden público en distintas regiones del territorio.
El grupo guerrillero, incluido en las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, señaló que la decisión obedece a lo que considera amenazas de intervención extranjera y a su rechazo frente a acciones militares en zonas donde mantiene influencia. No obstante, el paro armado se ha traducido en una estrategia de presión que restringe la movilidad por vías terrestres y fluviales y que afecta de manera directa el normal desarrollo de actividades económicas y sociales, especialmente en áreas rurales.
Desde el inicio de la medida, se han reportado ataques a peajes, hostigamientos contra estaciones de Policía, instalación de retenes ilegales y quema de vehículos de carga. Estos hechos han generado temor entre transportadores, comerciantes y habitantes de comunidades apartadas, que han optado por suspender desplazamientos ante el riesgo de quedar en medio de acciones violentas.
La situación también provocó una reacción inmediata por parte de Estados Unidos. La Embajada estadounidense en Bogotá expresó su rechazo a las amenazas del ELN y cuestionó la legitimidad de un paro armado que, según indicó, termina afectando principalmente a la población civil. En ese contexto, la misión diplomática reiteró sus recomendaciones de seguridad y sugirió evitar viajes durante los días de mayor riesgo.
En el ámbito nacional, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió que el ELN continúa utilizando la violencia, el narcotráfico y la intimidación como mecanismos de control territorial. El funcionario afirmó que este grupo armado ilegal no actúa en defensa de los derechos de los colombianos, sino que vulnera de manera reiterada a campesinos, comunidades indígenas y sectores vulnerables. Además, anunció recompensas económicas por información ciudadana que permita prevenir atentados o identificar a los responsables de acciones armadas.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció contra el paro armado y reiteró su respaldo a la fuerza pública para enfrentar cualquier amenaza contra la ciudadanía. En mensajes difundidos a través de sus canales oficiales, el mandatario aseguró que este tipo de intimidaciones constituyen un ataque directo contra Colombia y llamó a la población a no ceder ante el miedo ni permitir que actores armados ilegales condicionen la vida cotidiana del país. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a mantener sus actividades y participar de las festividades de fin de año con normalidad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las consecuencias humanitarias derivadas de esta medida. En un comunicado, la entidad advirtió que los paros armados representan una forma ilegítima de control territorial que restringe la libre circulación, paraliza economías locales y dificulta el acceso a servicios básicos como salud, educación y abastecimiento de alimentos. Asimismo, alertó sobre el riesgo de desplazamientos forzados, confinamientos y otras violaciones a los derechos humanos.
Este nuevo paro armado se produce en un contexto marcado por la suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. A comienzos de este año, el Ejecutivo decidió frenar las negociaciones tras una escalada de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde acciones armadas del grupo guerrillero dejaron decenas de víctimas mortales y obligaron a miles de campesinos a abandonar sus hogares.
En medio de este escenario, Antonio García, máximo comandante del ELN, publicó recientemente un artículo en el que critica la política de seguridad de Estados Unidos hacia la región. En el texto, el jefe insurgente sostiene que la estrategia estadounidense busca reafirmar su influencia mediante presiones políticas y militares, argumento que el grupo utiliza para justificar su postura y sus acciones armadas.
Mientras tanto, las autoridades colombianas mantienen un dispositivo de seguridad reforzado en puntos estratégicos como sedes diplomáticas, instalaciones militares y policiales, corredores viales, empresas con capital extranjero y componentes clave de la infraestructura energética. El objetivo es prevenir ataques, garantizar la movilidad en la medida de lo posible y proteger a la población civil, en un contexto que vuelve a evidenciar los desafíos persistentes del conflicto armado en el país.
