El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el atentado armado que sacudió a una base militar del Ejército Nacional en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, y que dejó un saldo trágico de seis soldados muertos y al menos 31 heridos. El ataque, ocurrido en la noche del jueves 18 de diciembre, es uno de los más graves registrados en lo que va del año contra instalaciones militares en el país.
La acción violenta tuvo como objetivo la base militar 27, adscrita al Batallón de Infantería N.º 14, donde se encontraban tropas en proceso de instrucción y entrenamiento. Según las primeras versiones oficiales, los uniformados fueron atacados mediante el uso de drones cargados con explosivos, además de ráfagas de fusil, una modalidad que en los últimos meses ha encendido las alertas de las Fuerzas Armadas.
Inicialmente, el mandatario informó que el balance preliminar era de cuatro militares fallecidos y 13 heridos; sin embargo, horas después, el Ejército Nacional actualizó la cifra y confirmó que el número de víctimas mortales ascendió a seis, mientras que los heridos llegaron a 31.
En sus declaraciones, Petro señaló que el ataque “sucede por la falta de sistemas antidrones priorizados”, y aseguró que esta falencia en la capacidad defensiva de las unidades militares fue analizada durante el consejo de ministros realizado el mismo jueves. En ese espacio, el jefe de Estado anunció una decisión de fondo: la compra inmediata de sistemas antidrones para el país, con una inversión estimada en un billón de pesos.
“El Gobierno ordena la adquisición urgente de estos sistemas. Se utilizará la figura de urgencia manifiesta para acelerar los procesos de contratación”, afirmó el presidente, al tiempo que pidió que no se obstaculice la búsqueda de los recursos necesarios para ejecutar la compra.
De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada que recientemente protagonizó un paro armado en distintas regiones del territorio nacional. Aunque las autoridades continúan con las investigaciones, la modalidad del atentado coincide con acciones previas atribuidas a este grupo ilegal.
Las diferencias en las cifras iniciales de heridos también generaron confusión. Mientras el presidente indicó en un mensaje publicado en redes sociales que 13 militares habían resultado lesionados, la Gobernación del Cesar confirmó posteriormente que la cifra ascendía a 31. La entidad departamental informó que, tras el ataque, se instaló una mesa técnica de seguridad encabezada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, con la participación del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Aguachica, con el fin de definir medidas administrativas y operativas para reforzar la seguridad en la zona.
En la mañana del viernes 19 de diciembre, el comando de la Quinta Brigada, orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, confirmó oficialmente los nombres de los seis militares fallecidos en el atentado:
- Soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez
- Soldado profesional Mateo Pino Pulgarín
- Soldado profesional Juan David Pérez Vides
- Soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres
- Soldado profesional Jhon Fredy Moreno Sierra
- Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez
La institución militar precisó que, de los 31 soldados heridos, cinco requirieron atención médica especializada, mientras que 26 presentan lesiones leves y permanecen bajo observación médica a la espera de ser dados de alta.
El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, expresó su solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos y con los soldados heridos. Además, aseguró que las tropas continúan desplegadas en la zona para garantizar la seguridad y avanzar en las operaciones correspondientes. “Las unidades del Ejército Nacional, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las acciones necesarias para dar con los responsables”, señaló.
El ataque reabre el debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar nuevas formas de guerra irregular, como el uso de drones armados por parte de grupos ilegales, y pone nuevamente en el centro de la discusión la necesidad de modernizar los sistemas de defensa de las Fuerzas Militares en medio de un conflicto que, pese a los esfuerzos de paz, sigue cobrando vidas.