El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la eventual declaratoria de una emergencia económica, sumado a la autorización de una operación de deuda pública a través de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos, ha elevado la tensión política en el país y abierto un intenso debate sobre sus implicaciones fiscales, jurídicas y electorales.
La discusión se da en un contexto marcado por el reciente hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, iniciativa con la que el Gobierno buscaba recaudar alrededor de 16,3 billones de pesos para cerrar el faltante presupuestal del próximo año. Ante ese revés legislativo, la Casa de Nariño empezó a delinear alternativas que incluyen tanto la emisión de deuda como el uso de facultades extraordinarias, lo que ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores políticos.
De acuerdo con información oficial, la operación financiera se realizó mediante la colocación de TES con inversionistas extranjeros, lo que permitiría obtener recursos por un monto superior a los 20 billones de pesos. Esta cifra supera ampliamente el recaudo esperado de la fallida reforma tributaria y ha encendido alarmas entre la oposición, que advierte sobre un aumento significativo del endeudamiento público.
Las críticas no se hicieron esperar. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo y aseguró que recurrir a más deuda no representa una solución estructural para las finanzas del Estado. “Más deuda para los colombianos y más carga para las futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad”, señaló, al tiempo que acusó al Gobierno de mala administración de los recursos públicos.
Ante estos señalamientos, el presidente Petro salió en defensa de la operación y explicó que los recursos obtenidos se destinarán, en buena parte, a cubrir vencimientos de deuda adquirida en gobiernos anteriores. Según el mandatario, se trata de una práctica habitual en la administración pública y su conveniencia depende, principalmente, de las condiciones financieras, como la tasa de interés. “Esa deuda es para pagar otra deuda que ya se vence. Esto se hace desde hace décadas”, afirmó.
El debate se ha trasladado también al plano jurídico. El exsenador Humberto de la Calle expresó reparos frente a la posibilidad de que el Gobierno intente suplir la reforma tributaria mediante una emergencia económica, al advertir que dicha figura podría vulnerar la Constitución. Además, cuestionó la eventual convocatoria extraordinaria de la Corte Constitucional en plena vacancia judicial para estudiar los decretos que se expidan bajo ese mecanismo.
En una línea similar se pronunció la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien hizo un llamado a la Corte Constitucional para suspender de manera provisional cualquier decreto que imponga nuevos tributos. A su juicio, no existirían los fundamentos necesarios para declarar una emergencia económica y el Ejecutivo estaría actuando de manera deliberada en un momento en el que el alto tribunal no está en pleno funcionamiento.
Desde el Gobierno, en cambio, la narrativa apunta a que la situación fiscal es consecuencia directa del bloqueo legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la caída de la ley de financiamiento dejó un vacío significativo dentro del Presupuesto General de la Nación, que asciende a 547 billones de pesos. Según el funcionario, la intención del Ejecutivo era gravar con mayor fuerza a los sectores de mayores ingresos, especialmente al sistema financiero.
“Las empresas financieras obtuvieron utilidades históricas este año. ¿A quién hay que ponerle impuestos? A los más ricos. Eso fue lo que propusimos y el Congreso no lo permitió”, sostuvo Benedetti, al insistir en que el Gobierno agotó la vía institucional antes de contemplar medidas excepcionales.
En medio de este panorama, crece la expectativa sobre la decisión final de la Casa de Nariño y el rumbo económico que tomará el país en un año de alta sensibilidad política. Analistas coinciden en que cualquier movimiento del Ejecutivo será leído no solo desde la óptica fiscal, sino también en clave electoral, en momentos en que el propio presidente ha manifestado públicamente su interés en que el proyecto progresista continúe en el poder en las elecciones del próximo año.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad, la conveniencia y el impacto de una eventual emergencia económica y del aumento del endeudamiento sigue abierto, con un país atento a las decisiones que se adopten en las próximas semanas.