Las declaraciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, antiguo cabecilla de la organización criminal La Inmaculada y hoy extraditado a Estados Unidos, abrieron un nuevo capítulo de tensión política y judicial alrededor del entorno familiar del presidente Gustavo Petro. En un audio que circula en escenarios judiciales y mediáticos, el capo asegura haber entregado recursos a la campaña presidencial de 2022 a través de Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, y menciona presuntas gestiones irregulares ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Las afirmaciones, que el familiar del jefe de Estado califica como un “montaje”, han provocado reacciones en distintos frentes y reavivan debates ya conocidos sobre presuntos acercamientos con estructuras criminales durante el proceso electoral que llevó a Petro a la Casa de Nariño.
En entrevista con EL TIEMPO, Juan Fernando Petro negó de forma categórica haber recibido dinero alguno del hoy extraditado delincuente y aseguró no conocerlo personalmente. También rechazó la autenticidad de una fotografía que allegados de Pipe Tuluá hicieron llegar al medio, en la que supuestamente aparecen ambos. Según su versión, se trata de una manipulación destinada a desprestigiarlo.
El hermano del Presidente reconoció, no obstante, que sostuvo reuniones con una abogada para tratar asuntos relacionados con el municipio de Tuluá, pero insistió en que nunca actuó como intermediario financiero ni político entre estructuras criminales y la campaña presidencial. Aseguró que su participación electoral fue limitada y financiada con recursos propios, sin transferencias a la campaña oficial.
El audio y la referencia a la DIAN
El punto que ha despertado mayor inquietud institucional es la mención directa que hace Pipe Tuluá a la DIAN. En el audio, de poco más de un minuto, el capo afirma contar con supuestas pruebas de entregas de dinero no solo para fines políticos, sino también para “muchas cosas de la Dian”, insinuando compra de funcionarios y tráfico de influencias.
Estas declaraciones coinciden con un episodio previo que ya había puesto a Juan Fernando Petro bajo el escrutinio público. En febrero de 2025, el entonces director de la DIAN y ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró que el hermano del Presidente visitó su despacho para solicitar favores administrativos.
De acuerdo con Reyes, Juan Fernando Petro habría pedido el nombramiento de un recomendado suyo como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, así como apoyo institucional para una fundación. El funcionario señalado sería Jhon Freddy Restrepo Toro, y la visita se habría realizado en compañía de César Augusto Valencia, persona mencionada en investigaciones relacionadas con redes de contrabando.
Reyes afirmó que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y reiteró su versión meses después, señalando que las solicitudes no se ajustaban a los procedimientos legales vigentes.
Alertas internas y contexto institucional
El episodio se enmarca, además, en advertencias previas realizadas por Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría alertado sobre el nombramiento de Restrepo Toro en una dependencia sensible de la DIAN en Buenaventura, una de las zonas más críticas en materia de contrabando y crimen organizado.
Aunque no existe, hasta ahora, una decisión judicial que confirme irregularidades, la coincidencia entre el audio del capo extraditado y las denuncias administrativas previas ha intensificado el debate político y la presión sobre los organismos de control.
Fiscalía y silencio oficial
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del audio de Pipe Tuluá. Desde el inicio del gobierno Petro, el propio Presidente solicitó que se investigara la conducta de su hermano para despejar cualquier duda sobre presuntos vínculos con estructuras ilegales.
Desde marzo de 2023, distintos sectores han hablado del llamado “pacto de La Picota”, una supuesta estrategia para obtener respaldo electoral de jefes criminales a cambio de beneficios judiciales. Juan Fernando Petro ha negado reiteradamente la existencia de dicho acuerdo, aunque reconoció que sus gestiones territoriales en zonas con presencia de grupos armados pudieron traducirse en un respaldo electoral significativo.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró desde Washington que su hermano ya le había informado sobre el episodio con Pipe Tuluá y que, según este, las supuestas pruebas mencionadas en el audio no existen.
Un caso con impacto político
Más allá del desenlace judicial, el caso tiene implicaciones políticas de alto calibre. Las declaraciones de un capo extraditado, la mención de una entidad estratégica como la DIAN y la cercanía familiar con el jefe de Estado configuran un escenario que mantiene bajo presión al Gobierno y alimenta la confrontación política.
Mientras no exista un pronunciamiento oficial de la Fiscalía o decisiones judiciales de fondo, el caso seguirá moviéndose en el terreno de las versiones contrapuestas, los audios sin verificar públicamente y las denuncias que, una vez más, colocan a la familia presidencial en el centro del debate nacional.