La exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo, no solo representó un golpe directo a sus aspiraciones inmediatas, sino que provocó un remezón profundo en la estrategia del petrismo de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) obligó a la izquierda a replantear, en cuestión de horas, un plan que buscaba repetir la fórmula ganadora de 2022.
El objetivo del presidente Gustavo Petro era claro: articular una gran consulta que reuniera a las fuerzas de izquierda y centroizquierda, concentrara el voto progresista y consolidara un liderazgo único. Sin embargo, ese escenario quedó descartado tras la inhabilidad de Cepeda para participar en el mecanismo interno, lo que terminó por fracturar el proyecto unitario.
Ante el fallo del CNE, Cepeda optó por inscribirse directamente para competir en la primera vuelta presidencial. Aunque logró el respaldo inmediato del Pacto Histórico y de los sectores más radicales de la izquierda, su ausencia en la consulta dejó un vacío difícil de llenar en términos de convocatoria electoral.
Mientras tanto, Roy Barreras decidió mantener viva la apuesta del Frente por la Vida y anunció que impulsará una consulta alternativa, cuya inscripción se concretaría este viernes 6 de febrero. En su propuesta figuran nombres de distintos perfiles políticos, entre ellos mujeres lideresas, un exconstituyente y el exministro Juan Fernando Cristo. Barreras ha dejado claro que los resultados de marzo serán determinantes para definir su permanencia en la carrera presidencial.
A este escenario se suma Carlos Caicedo, quien, con una estructura política sólida en Magdalena y otros departamentos del Caribe, también competirá por fuera de cualquier consulta, apostándole directamente a la primera vuelta. El resultado es una izquierda dispersa, sin un mecanismo común de selección de candidato, que llegará dividida a las elecciones de mayo.
Esta fragmentación ha encendido las alarmas dentro del petrismo. La ausencia de una consulta unificada en marzo reduce de manera significativa la posibilidad de que la izquierda se consolide como la fuerza política más votada en ese mes, un hito que habría tenido efectos simbólicos y estratégicos clave en el inicio formal de la campaña presidencial.
La experiencia reciente reforzaba esa expectativa. En la consulta de octubre, la contienda entre Iván Cepeda y Carolina Corcho movilizó a cerca de 2,8 millones de votantes, una cifra relevante pese a las dificultades organizativas del proceso. Para varios sectores del Pacto Histórico, ese antecedente demostraba el potencial de una consulta amplia.
Roy Barreras ha insistido en que renunciar a ese espacio es un error estratégico, especialmente cuando la derecha y la centroderecha avanzan en la conformación de una gran consulta que, según sus cálculos, podría movilizar a más de cinco millones de electores. En una carta dirigida al Pacto Histórico, advirtió que dejar la cancha libre podría permitir que ese bloque concentre una votación histórica y marque el ritmo de la campaña desde temprano.
Además del impacto presidencial, la falta de una consulta también afecta las aspiraciones legislativas. Sin un candidato fuerte en marzo, las listas al Senado y la Cámara del Pacto Histórico pierden el efecto de arrastre que suele impulsar la votación al Congreso. “No se puede dejar huérfanas nuestras listas”, ha advertido Barreras en distintos escenarios.
Analistas consultados coinciden en que, sin Cepeda —el aspirante mejor posicionado en las encuestas—, resulta poco probable que otros precandidatos logren superar los tres millones de votos en una consulta fragmentada. La fortaleza territorial de Cepeda y su favorable momento en los sondeos desde octubre de 2025 lo convertían en la principal carta electoral de la izquierda.
El propio Cepeda también asume costos importantes. Aunque aseguró una reposición de votos cercana a los 10.000 millones de pesos tras la consulta de octubre, quedó por fuera de un escenario que le habría permitido acceder a una bolsa mucho mayor de recursos. De acuerdo con estimaciones de la representante Katherine Miranda, una consulta con mayor participación podría haberle significado cerca de 20.000 millones adicionales en reposición, teniendo en cuenta que el valor del voto fue fijado por el CNE en 8.287 pesos.
En total, cerca de 30.000 millones de pesos que habrían servido como respaldo financiero para su campaña presidencial quedaron fuera de alcance. Un factor económico que, sumado a la fragmentación política, deja a la izquierda ante uno de sus escenarios más complejos desde que llegó al poder en 2022.
