La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que establecía el incremento del salario mínimo para 2026 ha abierto un debate profundo sobre la responsabilidad del Estado en la conducción de la economía, el respeto a las reglas institucionales y la necesidad de brindar seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

Este fallo, lejos de significar una reducción inmediata del ingreso de los trabajadores, representa una advertencia institucional clara: las decisiones económicas que impactan a millones de colombianos deben estar sustentadas en criterios técnicos sólidos, transparentes y verificables, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

Una decisión que exige sustento, no que elimina el aumento

El Consejo de Estado decidió suspender temporalmente los efectos del Decreto 1469, mediante el cual el Gobierno Nacional había fijado un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, alcanzando los 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte.

Sin embargo, es fundamental precisar que la medida judicial no ordena disminuir el salario ni modificar el monto establecido. Lo que exige el alto tribunal es que el Gobierno sustente técnicamente la cifra adoptada, demostrando que esta responde de manera coherente a variables económicas clave como la inflación, la productividad laboral y el crecimiento económico del país.

Esta distinción es crucial. El fallo no es un golpe contra los trabajadores, sino una defensa del orden institucional y de la obligación del Estado de actuar con rigor técnico, especialmente cuando sus decisiones impactan directamente el equilibrio económico nacional.

En otras palabras, el incremento podría mantenerse intacto, siempre que el Ejecutivo presente los fundamentos técnicos que respalden la decisión.

La medida no tiene efecto inmediato

Uno de los aspectos más importantes de la decisión judicial es que no tendrá efectos automáticos ni inmediatos sobre el salario que actualmente reciben los trabajadores.

El Consejo de Estado estableció que la suspensión solo operará plenamente una vez el Gobierno expida un nuevo decreto provisional que cumpla con los requisitos técnicos exigidos. Esto significa que, mientras no se adopte esa nueva decisión, el salario mínimo vigente continúa aplicándose normalmente.

De hecho, ya se han realizado varios pagos bajo la tarifa actual, y el tribunal fue enfático en señalar que esos derechos adquiridos no serán afectados. Los trabajadores que ya han recibido su salario bajo el nuevo monto no deberán devolver dinero ni verán reducidos los pagos ya efectuados.

Este punto es esencial para brindar tranquilidad a millones de familias que dependen de ese ingreso para su sustento diario.

El Gobierno deberá actuar con rapidez y responsabilidad

La decisión judicial establece un plazo de ocho días para que el Gobierno Nacional expida un nuevo decreto provisional que cumpla con los criterios técnicos exigidos.

Para ello, el Ejecutivo deberá tener en cuenta factores fundamentales como:

• La meta de inflación definida por el Banco de la República.
• La inflación real medida por el Índice de Precios al Consumidor.
• El crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2025.
• Los niveles de productividad laboral establecidos por el Comité Tripartito.
• La necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
• La función social de la empresa y el equilibrio económico general.

Además, el nuevo decreto deberá incluir una explicación clara, detallada y verificable de la forma en que se llegó a la cifra final.

Esto no es un simple requisito formal. Es una exigencia que fortalece la transparencia, la confianza institucional y la credibilidad de la política económica.

Un debate que trasciende lo económico y entra en el terreno político

Este episodio también refleja una tensión estructural entre el ejercicio del poder político y los controles institucionales que garantizan el equilibrio democrático.

El aumento del salario mínimo no es solo una decisión económica; es también una señal política sobre la visión de país, el modelo productivo y la relación entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.

Por un lado, existe la legítima aspiración de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, proteger su dignidad y fortalecer su capacidad adquisitiva frente al aumento del costo de vida.

Por otro lado, también existe la responsabilidad de garantizar que esas decisiones sean sostenibles, técnicamente justificadas y coherentes con la estabilidad económica del país.

Las instituciones están llamadas precisamente a garantizar ese equilibrio.

Seguridad jurídica para trabajadores y empleadores

Otro elemento clave de la decisión es que protege la estabilidad jurídica de las relaciones laborales.

El Consejo de Estado dejó claro que los pagos realizados con base en el salario mínimo vigente seguirán siendo válidos y no se verán afectados retroactivamente.

Esto evita un escenario de incertidumbre que habría generado consecuencias graves tanto para trabajadores como para empresas.

La decisión judicial, en ese sentido, busca ordenar el proceso, no generar caos.

Un momento que exige liderazgo, rigor y responsabilidad

El país atraviesa un momento que demanda liderazgo serio, responsable y comprometido con el interés general.

El Gobierno tiene ahora la oportunidad de demostrar que sus decisiones económicas no solo responden a una intención social legítima, sino que también están respaldadas por fundamentos técnicos sólidos.

La institucionalidad, por su parte, ha cumplido su función de control, recordando que en una democracia ninguna decisión está por encima de la Constitución ni de la ley.

Colombia necesita decisiones que generen confianza, estabilidad y oportunidades reales para todos.

Porque proteger el salario de los trabajadores no solo implica aumentarlo, sino garantizar que esas decisiones sean sostenibles, responsables y respetuosas del orden institucional.

El futuro económico del país no puede construirse sobre la improvisación, sino sobre el rigor, la transparencia y el compromiso con el bienestar de todos los colombianos.