Con miras a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, la Policía Nacional de Colombia activó el denominado Plan Democracia, un despliegue sin precedentes que contempla la movilización de cerca de 120.000 uniformados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los comicios al Congreso.
La jornada electoral, en la que los colombianos elegirán Senado y Cámara de Representantes, contará con 13.493 puestos de votación y 122.121 mesas habilitadas en el país. De ese total, la Policía asumirá la custodia directa de 7.679 puestos —equivalentes al 57 %— y 110.214 mesas, es decir, el 90 % del total dispuesto.
Un despliegue masivo en puntos estratégicos
Del total de uniformados asignados al operativo, 70.000 estarán concentrados directamente en los puestos de votación, mientras que otros 50.000 harán presencia en los entornos y zonas aledañas, con el fin de garantizar movilidad, prevenir alteraciones del orden público y reaccionar ante cualquier eventualidad.
El director general de la institución, el general William Oswaldo Rincón, aseguró que se han dispuesto todas las capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para que el proceso se desarrolle “con transparencia, tranquilidad y pleno respeto por la democracia”.
El operativo contará además con el apoyo de auxiliares de Policía en labores de acompañamiento ciudadano y prevención, reforzando la presencia institucional en zonas urbanas y rurales.
Articulación institucional y monitoreo permanente
En paralelo al despliegue territorial, se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional y regional, con el objetivo de coordinar acciones entre la fuerza pública y las entidades que integran el Sistema Nacional de Garantías Electorales.
Estos centros de coordinación permitirán monitorear en tiempo real la jornada, evaluar riesgos y adoptar decisiones rápidas ante cualquier incidente que pueda afectar el normal desarrollo de las votaciones.
Municipios en riesgo y focos de atención
El contexto de seguridad electoral presenta desafíos importantes. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 170 municipios registran algún nivel de riesgo por factores asociados a violencia política, presencia de grupos armados o posibles irregularidades.
De ese total, 81 municipios fueron clasificados en riesgo extremo, cifra que representa un aumento significativo frente a las elecciones de 2022. Entre las subregiones con mayores alertas se encuentran Arauca; el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente del país —incluyendo municipios de Meta, Caquetá y Guaviare—; y el medio y bajo Putumayo.
En las últimas semanas se han presentado hechos que han incrementado la preocupación, como el secuestro temporal de la senadora indígena Aida Quilcué en Cauca y la denuncia por la desaparición de la candidata Ana Guetio en ese mismo departamento.
Investigación y judicialización de delitos electorales
Para prevenir y judicializar conductas que atenten contra la transparencia del proceso, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) creó el Equipo Especial contra Delitos Electorales (ECODE), con presencia en 54 seccionales de investigación en todo el país.
La ciudadanía podrá denunciar posibles irregularidades, amenazas a candidatos o compra de votos a través de la línea 157, habilitada para recibir reportes durante la jornada electoral.
Garantías para la democracia
El Plan Democracia no solo busca evitar alteraciones del orden público, sino también blindar la legitimidad institucional de las elecciones. En un escenario donde persisten focos de violencia y riesgo político en varias regiones, la coordinación entre fuerza pública, organismos electorales y entes de control será determinante.
El 8 de marzo pondrá a prueba la capacidad operativa del Estado para garantizar que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto con seguridad, libertad y plenas garantías democráticas.