El gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó este 13 de marzo la expedición de siete decretos dentro de la emergencia económica, con el objetivo de atender los daños provocados por la fuerte temporada de lluvias en varias regiones del país.
Las medidas buscan fortalecer la capacidad financiera y administrativa del Estado para responder a la emergencia que afecta principalmente a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde miles de familias han resultado damnificadas por inundaciones y afectaciones en infraestructura.
Entre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo se incluyen nuevos impuestos, ajustes tributarios temporales y la asignación de recursos millonarios para atender la crisis.
Impuesto del 16 % a apuestas por internet
Uno de los decretos crea un impuesto al consumo del 16 % sobre los juegos de azar en línea, dirigido a las plataformas de apuestas por internet.
La tarifa se aplicará sobre los depósitos de dinero que realizan los usuarios para apostar. Aunque el tributo recae formalmente sobre los operadores de estas plataformas, en la práctica el costo podría trasladarse a los usuarios.
La base para calcular este impuesto será el ingreso bruto del juego, es decir, la diferencia entre el total apostado y los premios pagados.
Cambios en el impuesto al patrimonio
Otro de los decretos modifica el impuesto al patrimonio, ampliando el número de contribuyentes obligados a pagarlo.
La medida establece que también deberán asumir este tributo las sucursales de empresas extranjeras que operan en Colombia, siempre que cuenten con un patrimonio igual o superior a 20.000 UVT.
Este impuesto empezará a aplicarse a partir del 31 de marzo de 2026.
Beneficios para quienes paguen deudas con la Dian
Los decretos también incluyen un alivio temporal para contribuyentes con deudas tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Quienes paguen el 100 % del impuesto adeudado podrán acceder a una reducción significativa en sanciones e intereses:
- Intereses reducidos al 4,5 %
- Pago de solo 15 % de las sanciones
Este beneficio estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y también permitirá realizar conciliaciones con la entidad para cerrar procesos en curso.
Impuesto de normalización tributaria
El Gobierno también implementará un impuesto temporal de normalización tributaria, dirigido a contribuyentes que hayan ocultado activos o reportado deudas inexistentes.
La tarifa establecida será del 19 % sobre los activos omitidos o pasivos ficticios, con el fin de incentivar la regularización de patrimonios no declarados.
Más de 8 billones para atender la emergencia
Además de los ajustes tributarios, los decretos contemplan una adición presupuestal de 8,6 billones de pesos destinada a atender la emergencia invernal.
La mayor parte de estos recursos será administrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar la atención y recuperación de las zonas afectadas.
Distribución de los recursos
- $6,34 billones para la Unidad de Gestión del Riesgo: destinados a recuperación temprana, rehabilitación de infraestructura y apoyo a comunidades afectadas.
- $878.587 millones para el Ministerio de Hacienda de Colombia: proyectos de agua potable y saneamiento básico.
- $455.271 millones para el sector salud: reparación de hospitales y atención de enfermedades asociadas a inundaciones.
- $408.560 millones para Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: transferencias y ayudas económicas para hogares afectados.
- $280.000 millones para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
- $253.994 millones para el Ministerio de Defensa de Colombia: apoyo en búsqueda, rescate y atención de emergencias.
- $30.800 millones para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.
- $20.000 millones para la Defensa Civil Colombiana.
- $5.900 millones para la Policía Nacional de Colombia para apoyo operativo en las zonas afectadas.
Recursos bajo la lupa
La asignación de recursos a la Unidad de Gestión del Riesgo se da en medio de cuestionamientos hacia la entidad por escándalos recientes de corrupción, lo que ha generado preocupación sobre el manejo de los fondos destinados a la atención de desastres.
Con estos decretos, el Gobierno busca acelerar la respuesta institucional frente a la emergencia climática, mientras sectores políticos y económicos analizan el impacto que tendrán los nuevos impuestos dentro de la economía nacional.