La situación de orden público en el sur de Colombia vuelve a ocupar el centro del debate nacional, en medio de crecientes cuestionamientos a la política de paz total del Gobierno. Informes recientes de inteligencia militar han advertido sobre la consolidación de estructuras armadas ilegales en zonas estratégicas de los departamentos de Guaviare y Caquetá, donde uno de los principales jefes de las disidencias continúa ejerciendo control territorial y operativo.
De acuerdo con fuentes del sector defensa, estos grupos mantienen presencia activa en corredores que conectan áreas rurales de difícil acceso, aprovechando las condiciones geográficas de la región. Se trata de territorios caracterizados por extensas selvas, ríos y caminos informales que facilitan la movilidad y dificultan las operaciones de la Fuerza Pública. A esto se suma la existencia de redes de apoyo que, bajo presión o por necesidad, terminan alertando sobre cualquier despliegue militar.
Este panorama ha generado preocupación no solo por la capacidad de expansión de las disidencias, sino también por el impacto directo sobre las comunidades. Habitantes de estas zonas han denunciado el aumento de prácticas como la extorsión, las restricciones a la movilidad y el control de economías locales, lo que evidencia un debilitamiento de la presencia estatal en algunos puntos críticos del territorio.
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la participación de estos actores dentro de los procesos de diálogo impulsados por el Gobierno. Aunque la apuesta oficial ha sido avanzar en negociaciones que permitan reducir la violencia, distintos sectores políticos y analistas han advertido que, en algunos casos, estos espacios podrían estar siendo utilizados por las estructuras armadas para reorganizarse y fortalecer su capacidad operativa.
La situación se vuelve aún más compleja debido a las divisiones internas entre las disidencias. La fragmentación de estos grupos ha dado lugar a enfrentamientos entre facciones, lo que incrementa la violencia en regiones ya golpeadas por el conflicto. Esta disputa por el control territorial ha derivado en nuevos riesgos para la población civil, que queda atrapada en medio de intereses armados contrapuestos.
En este contexto, también se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre los beneficios jurídicos otorgados a algunos de estos cabecillas en el marco de la paz total. Para críticos de la política, resulta preocupante que, mientras avanzan los diálogos, continúen registrándose acciones violentas que afectan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las regiones.
Expertos en seguridad coinciden en que el principal reto del Gobierno es lograr un equilibrio real entre la negociación y el control territorial. Insisten en que cualquier proceso de paz debe ir acompañado de una presencia institucional sólida que garantice la protección de la población y evite el fortalecimiento de estructuras ilegales.
Por su parte, líderes sociales han hecho un llamado urgente a reforzar la inversión social y la presencia del Estado en estas zonas, señalando que la ausencia histórica de oportunidades ha facilitado la expansión de grupos armados. Para ellos, la solución no puede limitarse a una estrategia militar o a un proceso de diálogo, sino que debe integrar desarrollo, justicia y seguridad.
El debate, lejos de cerrarse, sigue creciendo. Mientras el Gobierno defiende la paz total como una apuesta necesaria para terminar décadas de conflicto, sus críticos insisten en la necesidad de ajustes que garanticen resultados concretos en materia de seguridad.
En el fondo, la discusión refleja un desafío estructural del país: cómo avanzar hacia la paz sin perder el control del territorio y sin debilitar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En regiones como Guaviare y Caquetá, esa respuesta aún está en construcción, y sus efectos definirán buena parte del futuro de la política de seguridad en Colombia.