A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, una nueva controversia sacude el escenario político y mediático. La Revista Raya denunció la existencia de una estrategia denominada “Proyecto Júpiter”, que —según su investigación— buscaría incidir en el comportamiento electoral a través de empresas privadas y contenidos digitales.
El señalamiento involucra al excanciller Jaime Bermúdez y menciona como supuesto “medio aliado” a La Silla Vacía, lo que desató una inmediata respuesta por parte de su directora, Juanita León.
La denuncia: estrategia empresarial y narrativa digital
Según lo revelado en el programa de investigación emitido por RTVC, el llamado Proyecto Júpiter operaría desde hace varios meses mediante talleres dirigidos a empleados de empresas, con el objetivo de influir en su percepción política.
El informe también señala una línea de acción en redes sociales, enfocada en la difusión de contenidos que —según el medio— buscarían generar emociones como miedo, indignación e incertidumbre en el electorado.
De acuerdo con la denuncia, la estrategia no sería aislada, sino una operación articulada que ya habría impactado a decenas de miles de trabajadores en el país. Incluso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que podrían configurarse escenarios de constreñimiento electoral, una figura que en Colombia tiene implicaciones legales.
El punto de mayor controversia
El momento más sensible de la revelación gira en torno a una diapositiva presentada por Bermúdez en una charla empresarial, donde —según la investigación— se mencionan plataformas digitales utilizadas para amplificar el alcance del proyecto. Entre ellas, aparece referenciada La Silla Vacía como “agencia digital”.
Además, se difundieron audios en los que el excanciller habla de estrategias para “escalar” contenidos dentro de empresas, lo que alimentó la polémica sobre el rol de actores privados en la contienda electoral.
La respuesta: rechazo a los señalamientos
Desde La Silla Vacía, la reacción fue inmediata. Juanita León negó de manera categórica cualquier vínculo político con el proyecto señalado y explicó que la relación mencionada corresponde a la venta de un curso pedagógico sobre democracia.
Según detalló, dicho curso —denominado ABC de la Democracia— ha sido adquirido por organizaciones interesadas en formación ciudadana, entre ellas ProBogotá, que compró licencias para sus programas empresariales.
León defendió el contenido del curso, señalando que aborda temas como el funcionamiento del Congreso, la separación de poderes y la identificación de desinformación, y rechazó que esto pueda interpretarse como proselitismo político.
Un debate que trasciende el caso
Más allá de las versiones encontradas, el episodio abre un debate más amplio sobre los límites entre pedagogía, comunicación y participación política en contextos electorales. En particular, pone sobre la mesa el papel de las empresas, los medios y los contenidos digitales en la formación de opinión.
También revive la discusión sobre la delgada línea entre informar e influir, especialmente en un entorno donde las campañas no solo se libran en plazas públicas, sino en oficinas, plataformas digitales y espacios de formación.
Un tema con impacto electoral
En medio de una campaña marcada por la polarización y la disputa por el voto indeciso, cualquier señal de intervención —real o percibida— adquiere un peso significativo. Las autoridades tendrán la tarea de determinar si existen elementos que ameriten una investigación formal o si se trata de interpretaciones sobre prácticas legales.
Por ahora, el caso deja una certeza: en la recta final hacia las elecciones, no solo los candidatos están en el centro del debate, sino también los mecanismos a través de los cuales se construye la opinión pública en Colombia.