El debate electoral en Colombia ha comenzado a incorporar con mayor visibilidad un tema históricamente relegado: el cuidado. En un contexto marcado por cambios demográficos acelerados —menos nacimientos, hogares más pequeños y una población que envejece—, la discusión ya no gira únicamente en torno a políticas sociales tradicionales, sino a la capacidad real de los candidatos para responder a una demanda estructural que impacta especialmente a las mujeres.
Historias como la de Esther, una mujer que combina jornadas laborales nocturnas con el cuidado diurno de su familia, reflejan una realidad extendida en el país. Esta carga invisible no solo evidencia desigualdades persistentes, sino que conecta con problemáticas más amplias como la precariedad laboral, la feminización de la pobreza, la baja participación política y las brechas territoriales. En ese escenario, surge una pregunta central: ¿qué tan sólidas son las propuestas de los aspirantes presidenciales frente a este desafío?
Las iniciativas de Gustavo Petro Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López pueden leerse a partir de tres interrogantes clave: si reconocen la transición demográfica, si articulan el cuidado con las instituciones existentes y si abordan de forma concreta su financiación.
Organismos como CEPAL y ONU Mujeres han establecido tres niveles de respuesta institucional frente al cuidado: programas aislados, políticas articuladas y sistemas integrales con gobernanza y recursos estables. Bajo este marco, las propuestas actuales se agrupan en tres enfoques: estructural, focalizado y discursivo.
El primer enfoque concibe el cuidado como un sistema y un derecho. En esta línea, Sergio Fajardo y Claudia López plantean la creación o fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidado. Fajardo propone consolidar un marco normativo acompañado de financiación y expandir sistemas locales en múltiples municipios, integrando atención a la primera infancia y a la población mayor. López, por su parte, incorpora el enfoque de las “3R”: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado, y plantea una red territorial inspirada en experiencias urbanas como las manzanas de cuidado.
Un segundo grupo opta por medidas más focalizadas. Paloma Valencia propone acciones concretas como la creación de centros de atención infantil en zonas priorizadas, la formalización de cuidadoras y la ampliación de licencias de paternidad. En una línea similar, Abelardo de la Espriella plantea subsidios dirigidos a madres y cuidadoras vulnerables, programas de formación masiva y mecanismos para visibilizar económicamente el trabajo de cuidado. Aunque estas iniciativas tienen alcance específico, no configuran un sistema integral articulado a nivel nacional.
El tercer enfoque se caracteriza por un énfasis discursivo. Gustavo Petro Cepeda ha planteado la necesidad de un sistema nacional de cuidado y ha hecho críticas estructurales al modelo social vigente, pero sus propuestas carecen, según el análisis, de suficiente desarrollo operativo en términos de instrumentos concretos y esquemas de financiación definidos.
Más allá de las diferencias, existe un vacío común: el costo real del cuidado. Ninguna de las propuestas aborda con claridad la magnitud de la inversión requerida. Estimaciones desarrolladas por organismos internacionales sugieren que implementar un sistema integral en Colombia podría demandar alrededor del 3,4 % del PIB hacia 2035, una cifra que obliga a discutir fuentes de financiación y prioridades fiscales.
Las implicaciones de esta omisión son profundas. En primer lugar, reformas estructurales como la pensional, laboral o de salud difícilmente serán sostenibles sin resolver la organización social del cuidado. La participación laboral femenina, por ejemplo, está directamente condicionada por la disponibilidad de servicios que redistribuyan estas tareas. En segundo lugar, las propuestas que no incluyen una estrategia financiera clara corren el riesgo de quedarse en promesas sin ejecución. Y, finalmente, la transición demográfica avanza sin pausa, debilitando progresivamente las redes familiares que históricamente han asumido estas responsabilidades sin remuneración.
El reconocimiento del cuidado en los discursos políticos representa un avance, pero ya no es suficiente. La diferencia entre una intención y una política pública efectiva radica en la existencia de instrumentos claros, esquemas de gobernanza y recursos garantizados. Sin estos elementos, el cuidado seguirá recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, perpetuando una deuda social que el país aún no logra saldar.