Seguridad

ICBF se pronuncia sobre rumores de VIH en caso de presunto abuso infantil en Bogotá

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció este miércoles frente a una de las denuncias más delicadas que ha surgido en medio del escándalo por presunto abuso sexual en el Hogar Infantil Canadá, en Bogotá: la posibilidad de que el acusado, Freddy Castellanos, tenga VIH y haya contagiado a menores de edad.

La acusación fue inicialmente dada a conocer por Margie Espinel, madre de una de las niñas presuntamente víctimas. En declaraciones al diario El Tiempo y a Blu Radio, Espinel relató que su hija fue víctima de tocamientos inapropiados por parte del docente, quien habría utilizado dinámicas de juego como excusa para acercarse a los niños. Además, aseguró que otras dos familias le informaron que sus hijos podrían haber sido contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“El señor tiene VIH. Según la versión de dos mamás de los niños, ellos están contagiados”, afirmó la madre durante su intervención radial.

Frente a estas afirmaciones, Astrid Cáceres, directora general del ICBF, se refirió al tema y señaló que hasta el momento no existe evidencia clínica ni confirmación oficial de que Castellanos sea portador del virus, ni de que algún menor haya sido contagiado. Según la funcionaria, será Medicina Legal la entidad encargada de realizar las pruebas médicas pertinentes para esclarecer esta grave sospecha.

Castellanos fue capturado el pasado 6 de mayo y enfrenta acusaciones por presunto abuso sexual contra varios niños de entre 2 y 3 años, que asistían al jardín infantil administrado por el ICBF. La entidad también informó que inició un proceso interno para determinar si hubo fallas en el manejo de las denuncias por parte de funcionarios públicos o contratistas encargados del lugar.

“Se iniciaron las actuaciones disciplinarias correspondientes para establecer si el protocolo de atención a la queja fue cumplido a cabalidad”, indicó Cáceres.

Este caso ha generado gran conmoción en la opinión pública y pone en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de protección infantil en instituciones educativas bajo supervisión estatal.

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