Cuatro décadas después de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, el recuerdo de la toma y retoma del Palacio de Justicia sigue siendo una de las cicatrices más profundas del país. Aquellos días trajeron consigo una sensación colectiva de desilusión: la idea de que Colombia podía sostenerse sobre leyes, instituciones y diálogo pareció romperse entre las llamas y los disparos.
Es difícil dimensionar el horror vivido: un grupo insurgente ocupando el máximo símbolo de la justicia, magistrados convertidos en rehenes, el edificio ardiendo y el Ejército respondiendo con fuerza en medio de civiles atrapados. Fue el retrato de una nación enfrentada consigo misma, al borde del colapso moral y político.
Explicar lo ocurrido no ha sido sencillo. Cuarenta años de investigaciones, testimonios, informes y debates han intentado dar sentido a lo que pasó. Las víctimas, muchas de ellas aún sin respuestas, han mantenido viva la búsqueda de verdad. Organismos internacionales señalaron la impunidad que reinó. El arte también ha sido testigo: obras como La Siempreviva, películas como Noviembre y las conclusiones parciales de la Comisión de la Verdad muestran que el país lleva esta historia a flor de piel.
Hay, sin embargo, hechos que nadie puede negar. El M-19 irrumpió de manera violenta, asesinando y secuestrando con el objetivo de forzar decisiones judiciales contra el presidente de la época. Los daños fueron irreparables: once magistrados muertos, expedientes legales destruidos y una institucionalidad quebrantada. Las justificaciones posteriores de algunos de sus protagonistas no alcanzan a cubrir el sufrimiento causado.
Pero el Estado tampoco actuó con altura. Amparado bajo la consigna de “defender la democracia”, el Ejército ejecutó una operación que priorizó la fuerza sobre la vida, dejando desapariciones, torturas y graves violaciones de derechos humanos. El silencio del presidente Belisario Betancur y la falta de rendición de cuentas alimentaron una sensación de abandono e injusticia. Las condenas, hasta hoy, siguen siendo pocas y tardías.
Aun así, el país no se quedó en la tragedia. De esas ruinas surgieron luchas por la verdad, reformas institucionales, la Constitución de 1991 y procesos de paz que, aunque imperfectos, apostaron por un futuro distinto. Esa dolorosa lección nos dejó algo claro: Colombia no quiere volver a ver sus instituciones envueltas en fuego ni su democracia sometida por las armas.
