Una fuerte confrontación institucional estalló entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y un amplio grupo de gobernadores, luego de que al menos 17 mandatarios departamentales anunciaran que no acatarán uno de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, al considerar que vulnera la autonomía fiscal de las regiones y pone en riesgo sus finanzas.
La decisión fue adoptada este jueves 15 de enero durante una reunión prolongada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en Bogotá. Allí, los gobernadores coincidieron en que el decreto, que modifica el impuesto al consumo sobre licores y tabaco, afecta de manera directa una de las principales fuentes de ingresos departamentales y podría provocar una caída en el recaudo por disminución del consumo.
Entre los departamentos que anunciaron su negativa a aplicar la medida se encuentran Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia. Los mandatarios acordaron acudir a acciones judiciales de manera individual, principalmente a través de tutelas, y solicitar a la Corte Constitucional que revise el alcance del decreto.
Mientras se produce un pronunciamiento de fondo por parte del alto tribunal, los gobernadores resolvieron suspender la aplicación de la norma en sus territorios, apelando a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo previsto en la Carta Política cuando se considera que una disposición vulnera principios constitucionales.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que la FND entregará un concepto jurídico que servirá de base para la decisión de los departamentos. “Cada gobernador aplicará la excepción de inconstitucionalidad en su territorio. Es una determinación colectiva frente al impuesto al consumo”, señaló.
En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón fue más enfático al anunciar que su departamento no aplicará el decreto mientras no exista una decisión definitiva de la Corte Constitucional. Según afirmó, la medida representa una “carga tributaria abusiva” y constituye una amenaza directa contra la autonomía fiscal de las entidades territoriales. “La Constitución nos otorga herramientas para defendernos de actos que exceden los límites constitucionales”, aseguró.
La postura de los mandatarios generó una dura reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó públicamente la decisión y advirtió posibles consecuencias legales. A través de sus redes sociales, el funcionario calificó como un “mal ejemplo” la negativa a cumplir el decreto y sostuvo que los gobernadores no pueden atribuirse funciones que corresponden exclusivamente a la Corte Constitucional. Incluso, mencionó la posibilidad de prevaricato y de responsabilidades patrimoniales por los recursos que el Estado dejaría de recaudar.
Las declaraciones de Benedetti provocaron una respuesta inmediata desde las regiones. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, defendió la actuación de los mandatarios y afirmó que están utilizando mecanismos jurídicos legítimos. “Estamos acudiendo a las instancias competentes, presentando acciones de tutela y solicitando la intervención de la Corte Constitucional. La excepción de inconstitucionalidad es una figura legal que estamos facultados para usar cuando consideramos que una norma viola la Constitución”, manifestó.
Este episodio marca un hecho inédito en el actual Gobierno, pues es la primera vez que más de la mitad de los gobernadores del país se niegan de forma coordinada a aplicar un decreto presidencial en más de tres años de administración Petro.
La Federación Nacional de Departamentos emitió un comunicado en el que anunció que adelantará un análisis urgente para definir el instrumento jurídico más adecuado con el fin de frenar la aplicación del decreto. Según la entidad, existe un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de los departamentos y para su capacidad de garantizar servicios esenciales como salud, educación y deporte.
En el mismo documento, la FND expresó su inconformidad con las declaraciones del ministro del Interior y exigió respeto por la institucionalidad que representan los gobiernos departamentales. Afirmó que calificarlos como un “mal ejemplo” desconoce la legitimidad democrática de su mandato y la responsabilidad con la que ejercen sus funciones dentro del marco constitucional y legal.
Adicionalmente, los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad, con el fin de analizar las medidas que harán parte del Plan Democracia y fortalecer las acciones de inteligencia para prevenir riesgos como el constreñimiento electoral, el control territorial por grupos armados y otras amenazas a la seguridad de cara a los procesos electorales.
En medio de la controversia, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, advirtió que se podrían iniciar acciones judiciales contra los gobernadores que se nieguen a cumplir los decretos de la emergencia económica, lo que anticipa un pulso jurídico e institucional que ahora quedará en manos de los tribunales.
