La controversia alrededor del manejo de la Superintendencia de Salud sumó un nuevo episodio con la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a Laura Sarabia Torres, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro durante buena parte de su Gobierno.
La solicitud fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas y se fundamenta en señalamientos públicos realizados tanto por el jefe de Estado como por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quienes han sugerido que Sarabia habría ejercido presuntas presiones para influir en la designación de interventores y otros cargos clave dentro de la entidad.
El nuevo frente disciplinario se abre luego de que el propio presidente Petro hiciera referencias a un posible manejo irregular en los procesos de intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), señalando que detrás de esas decisiones habría existido un entramado de intereses políticos y administrativos. En ese contexto, el nombre de Laura Sarabia fue mencionado como parte de las controversias internas que rodearon dichos nombramientos.
Según la queja elevada ante la Procuraduría, las declaraciones del mandatario y del exsuperintendente darían cuenta de un sistema mediante el cual se habrían direccionado cargos estratégicos dentro de la Superintendencia de Salud. De acuerdo con el documento, los interventores designados tendrían la tarea de administrar EPS bajo control estatal y, presuntamente, habrían priorizado pagos y decisiones en favor de determinados grupos con vínculos políticos.
El escrito también menciona que estos presuntos direccionamientos se habrían dado en el marco del proceso de revisión financiera de las EPS, que derivó en la intervención de varias de ellas. Parte del entramado, según las denuncias, habría involucrado una empresa constituida en España, lo que añade un componente internacional al caso y aumenta la complejidad de las investigaciones.
La radicación de la queja disciplinaria marca un punto de inflexión político, pues se trata de una funcionaria que ha ocupado cargos de alto perfil dentro del Gobierno y que, pese a su salida del país como embajadora, sigue siendo una figura de peso en los debates internos del petrismo.
Frente a los señalamientos, Laura Sarabia reaccionó por la vía judicial. A través de su defensa, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que cite a declarar tanto al presidente Gustavo Petro como al exsuperintendente Luis Carlos Leal, con el fin de que expongan las pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.
La abogada Lina Sandoval, representante legal de la diplomática, aseguró que se han aportado elementos probatorios que demostrarían que Sarabia no tuvo participación alguna en la designación de interventores del sector salud. Según la defensa, existen conversaciones digitales que respaldan la versión de que la embajadora no intervino en esos procesos y que, por el contrario, ha sido objeto de una campaña de desinformación.
Dentro de las diligencias solicitadas, la defensa pidió que el presidente Petro rinda declaración juramentada para aclarar el origen de la información que, según Sarabia, sería falsa o inexacta. Para la abogada, este punto es clave, ya que en el expediente se habrían identificado patrones reiterados de desinformación dirigidos contra su clienta, particularmente en lo relacionado con el sector salud.
Adicionalmente, se solicitó el análisis de conversaciones de WhatsApp y de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, correspondientes al 30 de octubre de 2024. De acuerdo con la defensa, ese día se habrían producido reuniones determinantes para entender cómo circularon las hojas de vida de los interventores cuestionados. En dichas reuniones, habrían ingresado al despacho presidencial el entonces superintendente Luis Carlos Leal, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y otros funcionarios.
La defensa también recordó que, en agosto de 2024, Sarabia emitió una circular en la que dejó constancia de que ninguna persona estaba autorizada para dar instrucciones en su nombre y que cualquier directriz debía ser previamente verificada, lo que, según su versión, desvirtúa cualquier señalamiento de injerencia indebida.
Mientras la Procuraduría evalúa la apertura formal de una investigación disciplinaria, el caso se convierte en un nuevo foco de tensión política dentro del Gobierno y reaviva el debate sobre el manejo del sector salud, la transparencia en los nombramientos y las disputas internas en el alto poder. El desarrollo de las investigaciones será clave no solo para establecer responsabilidades individuales, sino también para medir el impacto político de un escándalo que sigue creciendo.
