Al menos 80 instituciones de educación superior privadas en Colombia podrían verse afectadas por el nuevo impuesto al patrimonio creado mediante un decreto del Gobierno en medio de la emergencia económica. Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una intervención ante la Corte Constitucional de Colombia solicitando que la medida sea declarada inconstitucional.
El recurso se dirige contra el Decreto Legislativo 0173 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, que establece un gravamen para personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos).
Impacto en el sistema universitario
Según Ascún, el nuevo impuesto podría representar un impacto cercano a 135.000 millones de pesos para las instituciones de educación superior privadas.
El principal argumento del sector educativo es que las universidades privadas en Colombia son entidades sin ánimo de lucro, por lo que su patrimonio no corresponde a riqueza disponible, sino a activos destinados al funcionamiento académico, como:
- Campus universitarios
- Laboratorios
- Bibliotecas
- Aulas y auditorios
Por esta razón, la asociación advierte que el impuesto podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema universitario privado y los recursos destinados a becas, investigación y formación.
Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en universidades privadas del país.
Riesgo para becas y cupos educativos
Ascún señala que el monto que tendrían que pagar las universidades podría equivaler a recursos suficientes para financiar alrededor de 15.000 cupos de educación superior, además de miles de becas dirigidas a estudiantes de bajos ingresos.
En ese sentido, el documento presentado ante la Corte sostiene que la medida podría afectar directamente la misión educativa de estas instituciones.
Debate sobre la constitucionalidad del decreto
La intervención enviada al alto tribunal, dirigida a la magistrada Lina Marcela Escobar, argumenta que el decreto podría vulnerar principios constitucionales como:
- Equidad tributaria
- Capacidad contributiva
- Autonomía financiera de las universidades
El texto señala que gravar el patrimonio universitario podría obligar a las instituciones a destinar recursos que deberían utilizarse para la educación y la investigación.
Preocupación en las universidades
El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó que el impacto económico ya se está evaluando en varias instituciones.
Según indicó, algunas universidades deberán pagar sumas importantes en los próximos meses, en un contexto financiero complicado marcado por:
- Caída en la matrícula estudiantil
- Aumento del salario mínimo
- Incremento de costos operativos
Castilla advirtió que esta presión financiera podría generar un riesgo indirecto de aumento en las matrículas, aunque aclaró que no todas las instituciones tomarían esa decisión.
Críticas desde el sector académico
El exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, también cuestionó el decreto al considerar que trata a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro.
Según el académico, esta decisión podría terminar afectando directamente a los estudiantes si las instituciones se ven obligadas a destinar parte de sus recursos al pago de impuestos.
Las universidades públicas no pagarían el impuesto
El decreto establece que el impuesto aplica únicamente para personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta. En ese sentido, las universidades públicas quedan excluidas, ya que son entidades estatales.
Qué pide Ascún a la Corte
En su solicitud, Ascún plantea tres posibles decisiones para el alto tribunal:
- Suspender provisionalmente la aplicación del impuesto a las universidades.
- Declarar inconstitucional la totalidad del decreto.
- Mantener el impuesto, pero excluir a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, como las universidades privadas.
Según las estimaciones citadas por la asociación, las universidades que superarían el umbral del impuesto tienen en conjunto un patrimonio cercano a 27 billones de pesos, compuesto principalmente por infraestructura y activos académicos.
No obstante, el recaudo proyectado por el Gobierno sería de aproximadamente 135.000 millones de pesos, una cifra que el sector considera pequeña frente al patrimonio total, pero significativa en términos de recursos destinados a la educación superior.
