El expresidente César Gaviria volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Gustavo Petro y afirmó que la política de paz total terminó convirtiéndose en una “rendición” frente a las estructuras del narcotráfico y los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.
A través de un extenso comunicado divulgado por el Partido Liberal Colombiano, el exmandatario expresó su rechazo a recientes decisiones adoptadas por el Gobierno relacionadas con los procesos de negociación y sometimiento de organizaciones criminales, especialmente frente al Clan del Golfo.
La principal molestia de Gaviria gira alrededor de la solicitud del Ejecutivo para suspender órdenes de captura y extradición contra 29 cabecillas de esa estructura criminal, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de “Chiquito Malo”, considerado uno de los máximos líderes de la organización.
Según el exjefe de Estado, la medida representa una señal equivocada frente al crimen organizado y envía un mensaje de debilitamiento institucional tanto dentro como fuera del país.
“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que hoy vive la Nación”, afirmó Gaviria en el documento.
El dirigente liberal aseguró además que desde el inicio del actual gobierno advirtió sobre los riesgos de implementar negociaciones sin reglas claras, límites jurídicos definidos ni condiciones verificables para los grupos armados.
A su juicio, la política de paz total terminó favoreciendo la expansión territorial de organizaciones ilegales en varias regiones del país, sin que se produjeran resultados concretos en reducción de violencia o desmovilización efectiva.
“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió”, sostuvo.
Gaviria señaló que mientras el Gobierno impulsaba diálogos y acercamientos con distintos actores armados, grupos como el Clan del Golfo consolidaron presencia territorial, aumentaron capacidad de control criminal y ampliaron sus redes ilegales en diferentes zonas estratégicas.
En el comunicado también cuestionó lo que considera contradicciones dentro de la postura oficial frente a alias “Chiquito Malo”. Recordó que meses atrás el propio presidente Petro lo presentó ante autoridades estadounidenses como uno de los principales objetivos de las operaciones estatales contra el narcotráfico, mientras que ahora se busca suspender acciones judiciales en su contra.
“Esa contradicción no es menor. Compromete la credibilidad internacional de Colombia y envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”, afirmó.
El exmandatario también manifestó preocupación por el impacto institucional que podrían tener este tipo de decisiones. En particular, defendió la independencia de la justicia y cuestionó que el Ejecutivo intente intervenir en procesos relacionados con órdenes de captura, extradición y actuaciones judiciales contra jefes criminales.
“Ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en decisiones que corresponden a las autoridades judiciales”, expresó.
Además, insistió en que la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático colombiano y advirtió que cualquier intento de alterar ese equilibrio podría afectar la legitimidad institucional.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el contexto político y electoral en el que se producen estas medidas. Gaviria afirmó que resulta especialmente delicado adoptar este tipo de decisiones en la recta final del mandato presidencial y a pocos meses de nuevas elecciones nacionales.
Según indicó, los ciudadanos tienen derecho a recibir garantías de que las organizaciones criminales no tendrán capacidad de presión o influencia sobre territorios históricamente afectados por presencia armada ilegal.
“La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”, afirmó.
El comunicado también hizo referencia al asesinato del periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por integrantes de estructuras disidentes vinculadas a alias “Calarcá”. Para Gaviria, hechos como ese reflejan el fortalecimiento de grupos ilegales en medio de lo que calificó como “ambigüedades” de la política de paz total.
“Mientras su familia hoy llora y vela su cuerpo, Colombia vuelve a enfrentarse a la realidad dolorosa de una política que, lejos de debilitar a los grupos armados ilegales, terminó ampliando su capacidad de intimidación, control territorial y violencia contra la población civil”, señaló.
Finalmente, el líder liberal pidió que las instituciones actúen con independencia y rigor jurídico frente a decisiones que, según él, comprometen la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la confianza internacional en Colombia.
“Una paz que premia a los victimarios mientras debilita la justicia no es paz. Es la renuncia del Estado a defender a los ciudadanos”, concluyó Gaviria.
Las declaraciones del expresidente se suman a un creciente debate político alrededor de los resultados de la política de paz total impulsada por el gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo defiende los diálogos como una estrategia para reducir la violencia y abrir espacios de negociación con distintos grupos armados, sectores de oposición y algunos dirigentes tradicionales cuestionan la falta de resultados concretos y el fortalecimiento operativo de estructuras ilegales en varias regiones del país.
