Colombia amanece consternada tras una revelación judicial que sacude la memoria colectiva del deporte nacional. Luis Alberto «Lucho» Herrera, ícono del ciclismo en los años 80, podría enfrentar una investigación formal por su presunta implicación en uno de los crímenes más dolorosos y oscuros de la historia reciente del país: la desaparición y posterior asesinato de cuatro campesinos en Fusagasugá, ocurrida hace más de dos décadas.
La noticia, expuesta el domingo 20 de abril por el periodista Omar Alejandro Hernández a través del programa Noticias Uno, se basa en una decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, emitida el pasado 7 de abril. El documento judicial solicita que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal contra Herrera por su posible responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.
Las víctimas
Los nombres de las cuatro personas desaparecidas y asesinadas en octubre del 2002 son:
- Gonzalo Guerrero Jiménez
- Víctor Manuel Rodríguez Martínez
- José del Carmen Rodríguez Martínez
- Diuviseldo Torres Vega
Todos eran campesinos y vecinos de la finca de Herrera en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.
¿Qué dicen los testimonios?
La acusación no surge de la nada. La decisión judicial se apoya en las declaraciones de tres exparamilitares, quienes señalaron directamente al exciclista como el presunto determinador del crimen. Entre ellos se encuentra Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, integrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare.
En su testimonio ante la justicia, alias Ojitos relató un encuentro con Herrera en el que, según afirma, el ciclista solicitó “limpiar” a un grupo de personas, señalándolas como colaboradores de la guerrilla. Sin embargo, los testigos aseguran que el verdadero motivo fue un conflicto por tierras.
“Luego se supo que estas personas no eran milicianos de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera”, afirmó Ojitos en su confesión. “La familia de las víctimas dice que en ningún momento estuvieron vinculados con ningún grupo armado ilegal”.
El paramilitar relató además que Herrera habría entregado sobres con fotografías de las víctimas y una suma de dinero alrededor de 40 millones de pesos como parte del supuesto acuerdo. La versión fue respaldada por otros dos exintegrantes de grupos armados ilegales: Héctor Díaz Gaitán (alias Camargo) y Óscar Andrés Huertas Sarmiento (alias Menudencias).
El horror del crimen
Según los relatos, los campesinos fueron secuestrados por hombres armados que utilizaron insignias falsas del DAS para aparentar legalidad. Los llevaron en una camioneta Toyota beige, los asesinaron con extrema violencia, y posteriormente sus cuerpos fueron descuartizados y enterrados en una finca a las afueras de la Aguadita, en el municipio de Silvania.
Los testimonios describen una escena macabra: las víctimas fueron desmembradas y sepultadas en fosas poco profundas, de apenas metro y medio de profundidad. La brutalidad del crimen llevó a la Fiscalía a catalogarlo como delito de lesa humanidad, lo que lo convierte en imprescriptible.
La respuesta de Lucho Herrera
Consultado por La W Radio, Lucho Herrera negó categóricamente los señalamientos y aseguró que colaborará con las autoridades:
“Voy a dar todas las explicaciones a las autoridades, pero puedo asegurar que soy ajeno a los hechos que se noticiaron (…) Oportunamente saldré a los medios y estoy consultando a mi abogado para presentarme ante la Fiscalía a dar las explicaciones a que haya lugar”.
Hasta ahora, Herrera no ha sido imputado ni se le han formulado cargos. La compulsa de copias es un procedimiento judicial que busca que la Fiscalía determine si hay méritos para iniciar un proceso penal en su contra.
El contexto
Los hechos ocurrieron en plena expansión paramilitar, cuando las Autodefensas Campesinas del Casanare extendían su influencia por Cundinamarca. En ese entonces, cualquier persona que viviera en zonas rurales podía ser señalada de colaborar con grupos armados, y muchas veces esa etiqueta era usada como pretexto para despojarla de su tierra.
El caso ha resurgido gracias al proceso de sentencia anticipada de alias Ojitos, quien fue condenado hace dos semanas a 22 años y medio de prisión por su papel en estos asesinatos. Su confesión fue clave para reabrir la caja de Pandora y apuntar hacia figuras hasta ahora intocables.
Un país en shock
El nombre de Lucho Herrera evocaba hasta ahora recuerdos de gloria nacional: el primer colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia, campeón de la Vuelta a España en 1987, símbolo de lucha en tiempos difíciles. Las imágenes de su victoria en Saint-Étienne, ensangrentado pero triunfante, contrastan brutalmente con las acusaciones que hoy lo rodean.
De confirmarse su implicación, no solo sería un giro devastador para su legado personal, sino también una señal más de cómo la violencia del conflicto armado permeó todos los estratos del país, incluso el deporte.
¿Qué sigue?
La Fiscalía deberá determinar si abre una investigación formal contra Herrera. De hacerlo, se trataría de un proceso largo y complejo, con ramificaciones tanto legales como sociales.
Por ahora, la justicia ha dado el primer paso: poner bajo la lupa a una figura pública que, de ser hallada culpable, podría pasar de héroe nacional a responsable de un crimen atroz.