Este viernes 26 de diciembre se convirtió en una fecha clave para el futuro del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. En medio del receso legislativo, el Senado de la República fue convocado a una sesión extraordinaria con el propósito de abrir un espacio de control político sobre la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre.
La citación fue realizada por el presidente del Congreso, Lidio García, quien llamó a una sesión virtual del Senado. Aunque el orden del día contempla principalmente el anuncio de ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía, la convocatoria también permitirá que los senadores aborden la discusión sobre la declaratoria de emergencia económica, una decisión que ha generado controversia tanto en el ámbito político como institucional.
El decreto fue expedido en un periodo atípico, pues coincidió con el receso del Congreso y la vacancia judicial de la Corte Constitucional, circunstancias que han alimentado el debate sobre los tiempos y mecanismos de control previstos por la Constitución. Frente a este escenario, sectores de la oposición insistieron en la necesidad de que el Legislativo ejerza su función de vigilancia sin dilaciones.
Uno de los impulsores de la sesión fue el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien solicitó formalmente la convocatoria mediante una carta enviada al presidente del Senado. Para el congresista, resulta indispensable que el país conozca las razones que motivaron la declaratoria y las consecuencias que podría tener sobre la estabilidad económica. A su juicio, la medida no solucionaría los problemas fiscales del Estado y, por el contrario, podría profundizar la incertidumbre financiera.
Tras la citación, Motoa anunció que presentará una proposición para que se lleve a cabo un debate formal de control político, en el que se analicen los alcances del decreto y sus eventuales efectos. Según explicó, la iniciativa deberá ser sometida a votación durante la sesión extraordinaria, lo que marcaría el inicio de un examen más detallado de la decisión presidencial.
El senador sustentó su posición en los artículos 135 y 138 de la Constitución Política, los cuales establecen que el control político es una función permanente del Congreso y no se suspende durante los periodos de receso legislativo. En ese sentido, diferenció esta atribución del trámite de proyectos de ley, que sí está sujeto a los calendarios ordinarios del Legislativo.
La convocatoria del Senado provocó una fuerte reacción desde el Ejecutivo y derivó en un cruce de declaraciones entre el presidente del Congreso y los ministros del Interior y del Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino. Desde el Gobierno se cuestionó la oportunidad y la legalidad de la sesión, así como la posibilidad de adelantarla de manera virtual.
Benedetti sostuvo que el Congreso solo estaría habilitado para iniciar el estudio de la declaratoria una vez el Ejecutivo remita el informe detallado de las medidas adoptadas, tal como lo ordena el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. Según el ministro, dicho informe aún no ha sido enviado, lo que impediría cualquier revisión anticipada por parte del Legislativo. Además, afirmó que no existiría una justificación excepcional para sesionar de forma virtual.
Por su parte, el ministro Sanguino elevó el tono de la controversia al señalar al presidente del Congreso como un obstáculo para el avance de las reformas impulsadas por el Gobierno, en una declaración que profundizó el enfrentamiento político entre ambas ramas del poder público.
Ante las críticas, Lidio García defendió la convocatoria y aseguró que la Constitución no prohíbe la realización de sesiones extraordinarias con fines de control político mientras se espera el informe del Ejecutivo. Recalcó que el Congreso no está subordinado al Gobierno y que su deber es examinar con rigor los decretos que se expidan al amparo del estado de emergencia.
El senador liberal calificó la decisión como un acto de responsabilidad institucional y respondió a los señalamientos personales a través de sus redes sociales, donde cuestionó la forma en que se concibe el ejercicio del poder desde algunos sectores del Ejecutivo.
Con el ambiente político tensionado y posiciones enfrentadas entre el Gobierno y el Congreso, la sesión extraordinaria del Senado se perfila como un punto de inflexión para el futuro del decreto de emergencia económica. Incluso, ya se baraja la posibilidad de convocar nuevas sesiones en los próximos días, con el fin de disponer del tiempo necesario para un análisis integral de la medida adoptada por el presidente Petro, que inicialmente buscaba transitar las festividades de fin de año sin un escrutinio inmediato por parte de las ramas legislativa y judicial.
