El Gobierno decidió intervenir directamente uno de los eslabones más sensibles del sistema eléctrico colombiano: la generación. A través del Decreto 044 de 2025, expedido al amparo de la emergencia económica, el Ejecutivo estableció nuevos mecanismos para extraer recursos de las empresas generadoras con utilidades y destinarlos al rescate de compañías intervenidas que enfrentan una severa crisis de liquidez.
La norma introduce dos instrumentos inéditos en el mercado eléctrico: una contribución parafiscal sobre las utilidades y una contraprestación obligatoria en energía. En la práctica, el decreto redistribuye el costo de la crisis del sector mayorista hacia los agentes con mayor capacidad financiera, bajo el argumento de preservar la continuidad del servicio y evitar un colapso sistémico.
Un gravamen directo a la rentabilidad
El primer eje del decreto es la creación de una contribución parafiscal equivalente al 2,5 % de la utilidad antes de impuestos obtenida durante 2025 por las empresas generadoras que prestan el servicio público domiciliario de energía eléctrica. Estos recursos serán transferidos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El diseño del cobro tiene implicaciones relevantes. No se grava la producción ni los ingresos, sino la utilidad, lo que impacta directamente la rentabilidad del negocio. En el caso de empresas con actividades mixtas, el cálculo se limita exclusivamente a la utilidad atribuible a la generación para servicio público.
La contribución se causará el 2 de febrero de 2026 y se pagará en dos momentos: un anticipo del 1,25 %, calculado con base en los estados financieros de 2024, y un pago definitivo del 1,25 %, ajustado con las cifras consolidadas de 2025. El esquema recuerda a una autorretención anticipada, mediante la cual el Estado busca obtener liquidez inmediata para cubrir necesidades urgentes.
El Fondo Empresarial como mecanismo de rescate
El decreto deja claro que los recursos recaudados solo podrán destinarse a procesos de intervención administrativa en empresas del sector eléctrico. En la práctica, el Fondo Empresarial se consolida como un instrumento de salvamento financiero frente a una crisis que ha superado la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios.
La multiplicidad de empresas intervenidas, la prolongación de los procesos y el deterioro de la liquidez evidencian que el problema dejó de ser puntual y amenaza con contagiar a toda la cadena: comercializadores, transmisores y generadores.
Electricidad como aporte fiscal
El segundo componente del decreto es aún más disruptivo. Durante 2026, las empresas generadoras hidráulicas que participan en el mercado de energía mayorista con despacho centralizado deberán entregar el 12 % de la energía que vendan en bolsa. Esa energía será asignada a las empresas intervenidas y liquidada mensualmente.
El Gobierno subraya que esta obligación no afectará las tarifas, el despacho económico ni la formación de precios. La energía entregada se reconocerá al menor valor entre el precio de bolsa y el costo promedio ponderado de los contratos del mes anterior.
Como compensación, los generadores recibirán un descuento tributario equivalente al 50 % del valor de la energía entregada, aplicado sobre la base gravable del impuesto de renta. Aun así, el mecanismo implica una transferencia real de valor desde los generadores hacia los agentes en crisis.
Lo que cambia y lo que no
El decreto insiste en que se trata de una medida transitoria y excepcional. No modifica tarifas ni reglas de despacho y no pretende convertirse en una política permanente. Sin embargo, sus efectos son claros: reduce las utilidades netas del sector generador, introduce obligaciones no contempladas en los contratos originales y eleva la percepción de riesgo regulatorio para inversionistas.
Desde la óptica del sistema, se trata de una redistribución forzada de cargas para evitar que la fragilidad financiera de algunos actores rompa la cadena de pagos.
Air-e, el epicentro del problema
El trasfondo del decreto está estrechamente ligado a la situación de Air-e, empresa intervenida que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Aunque anunció que mantendría estables sus tarifas en 2026, su deuda con generadores y transmisores ronda los COP 2,5 billones, una cifra que tensiona todo el mercado.
Antes del Decreto 044, el Gobierno había evaluado un cobro transitorio de COP 8 por kilovatio hora a nivel nacional. La oposición de los gremios y el impacto tarifario llevaron al Ejecutivo a optar por una solución fiscal y en especie, trasladando el ajuste a los agentes con mayor músculo financiero.
Mientras gremios como la ACCE cuestionan la constitucionalidad de la medida por su naturaleza tributaria, otros actores del sector advierten que, sin una intervención inmediata, el riesgo es un colapso en cadena que cierre el acceso al crédito y paralice inversiones.
Emergencia económica y señales al mercado
El decreto se suma al paquete de medidas adoptadas bajo la emergencia económica, utilizada por el Gobierno como herramienta para compensar la caída de la reforma tributaria y enfrentar un déficit fiscal creciente. En apenas dos semanas, estas medidas han generado cerca de COP 236.000 millones, una cifra aún insuficiente frente al tamaño del hueco fiscal.
Con el Decreto 044, el Estado opta por “socializar” parte de las utilidades del sector eléctrico para sostener a las empresas intervenidas. A corto plazo, la medida aporta oxígeno financiero; a largo plazo, abre un debate profundo sobre estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y el costo de invertir en un sector cada vez más expuesto a intervenciones extraordinarias.
