El debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano vuelve a escalar. Un proyecto de decreto impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro propone trasladar a Colpensiones más de 25 billones de pesos que hoy están en cuentas individuales administradas por fondos privados. Se trata de recursos pertenecientes a trabajadores que aprovecharon la “ventana de oportunidad” contemplada en la reforma pensional para cambiarse al régimen público.
La iniciativa ha encendido alertas en el sector financiero y ha abierto un debate político de alto calibre. Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco advirtió que el traslado anticipado de estos recursos podría desnaturalizar su finalidad original: servir exclusivamente como ahorro pensional.
La base jurídica y el limbo operativo
El origen del conflicto está en la Ley 2381 de 2024, columna vertebral de la reforma pensional. Aunque la Corte Constitucional suspendió varios apartados mientras revisa su constitucionalidad, dejó vigente el artículo que permite, por un periodo de dos años, el traslado entre regímenes.
Miles de trabajadores tomaron la decisión de migrar al régimen público bajo esa figura. Sin embargo, la arquitectura diseñada por la reforma establecía que los recursos trasladados debían integrarse a un fondo de ahorro especial administrado por el Banco de la República, con el propósito de blindarlos frente al uso presupuestal y garantizar su destinación exclusiva al pago de pensiones.
Ese fondo, no obstante, aún no existe formalmente. Su creación depende del fallo definitivo de la Corte y de un proceso técnico posterior que requiere ajustes normativos y operativos. Este vacío es el punto neurálgico del debate actual.
¿Ahorro protegido o alivio fiscal?
Los cuestionamientos se centran en si trasladar ahora los recursos a Colpensiones podría convertirlos, de facto, en parte del flujo presupuestal del Estado. Los críticos advierten que, al ingresar a la entidad pública sin el fondo independiente en funcionamiento, esos dineros podrían terminar financiando necesidades fiscales distintas al ahorro pensional.
Desde el Gobierno se sostiene que el traslado responde a la voluntad expresa de los afiliados y que el proceso se ajusta a la normatividad vigente. Además, se enfatiza que los recursos conservarán su carácter pensional y no serán destinados a otros fines.
Pero la discusión no es solo técnica. En el fondo, se trata de una confrontación de modelos: uno que prioriza el ahorro individual administrado por privados y otro que fortalece el rol del Estado en la gestión del sistema. El proyecto de decreto se convierte así en una pieza estratégica dentro de esa transformación estructural.
La ventana de traslado y la sensibilidad social
La “ventana de oportunidad” fue habilitada por la Corte Constitucional como una medida para proteger derechos adquiridos y brindar seguridad jurídica en medio de la suspensión parcial de la reforma. No obstante, el tema de los traslados entre regímenes ha sido históricamente conflictivo, con altos niveles de litigiosidad por decisiones tomadas sin información suficiente o sin doble asesoría.
Por ello, cualquier modificación en el manejo de los recursos genera inquietud entre los afiliados. La confianza en el sistema pensional ha sido frágil durante décadas, y la estabilidad de las reglas es un factor determinante para garantizar tranquilidad a los trabajadores.
Una decisión con impacto estructural
El fallo definitivo de la Corte Constitucional será determinante. No solo definirá la validez integral de la reforma, sino también el marco institucional que regulará el manejo de billonarios recursos pertenecientes a millones de colombianos.
Mientras tanto, el proyecto de decreto pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo asegurar que una reforma estructural avance sin comprometer la intangibilidad del ahorro pensional? El equilibrio entre transformación social y responsabilidad fiscal será clave para preservar la legitimidad del sistema.
En este nuevo capítulo del debate pensional, lo que está en juego no es únicamente una cifra multimillonaria, sino la confianza de los trabajadores en que sus aportes serán administrados con transparencia, disciplina y absoluto respeto por su destinación futura.
