El caso de Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, ha generado controversia tras su captura en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y material electoral pedagógico. Días después, quedó en libertad y el dinero fue devuelto por orden judicial.
A continuación, las versiones de las partes involucradas.
La postura de la UNP
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, expresó sorpresa y molestia por el episodio, al considerar que afecta la reputación de la entidad.
Según explicó, el vehículo en el que se movilizaba el escolta fue detenido en un retén policial. Inicialmente no se habría encontrado nada irregular, pero tras una segunda revisión —cuando el carro era transportado en grúa por una supuesta falla mecánica— la Policía halló siete paquetes con dinero en efectivo en la maleta del escolta.
Rodríguez afirmó que Lacouture le explicó que su escolta se dirigía a Maicao para realizar una negociación de permuta de vehículo y que él mismo le había autorizado el desplazamiento, algo que el director calificó como irregular, pues la UNP debe estar enterada para asignar reemplazo y garantizar la protección.
Además, relató que, según lo que le contó el propio escolta, habría existido un “montaje” en el procedimiento: presuntamente los policías marcaron las bolsas con nombres de políticos y recrearon la escena mientras grababan con celulares. Rodríguez subrayó que esa es la versión transmitida por el escolta y que será la Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos.
La defensa del escolta
El abogado Iván Cancino confirmó que asumió la defensa por solicitud directa de Lacouture y que no recibió honorarios.
Cancino sostuvo que:
- La captura fue declarada ilegal por una juez de control de garantías.
- El escolta permaneció cerca de 33 horas privado de la libertad sin ser presentado oportunamente ante un juez.
- No existía flagrancia, pues ni portar dinero en efectivo ni material pedagógico electoral constituye delito en Colombia.
- La Fiscalía modificó el tipo penal durante el proceso, pasando de omisión de declaración de bienes a lavado de activos bajo las conductas de custodia y transporte.
- No se presentó prueba del supuesto origen ilícito del dinero, requisito esencial para sustentar un delito de lavado.
La juez no solo declaró ilegal la captura, sino que ordenó devolver el dinero.
El abogado también cuestionó que se hubiera capturado al conductor de la grúa, quien —según dijo— solo cumplía con recoger un vehículo varado.
El punto en discusión
El caso gira en torno a varios ejes jurídicos:
- Legalidad del procedimiento policial.
- Existencia o no de flagrancia.
- Origen del dinero y carga de la prueba.
- Presuntas irregularidades en la cadena de custodia.
Mientras la defensa sostiene que hubo fallas graves en el procedimiento, desde la UNP se insiste en que el episodio genera dudas que deben ser aclaradas por la Fiscalía.
Contexto electoral
El episodio ocurre en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Colombia, lo que ha aumentado la sensibilidad pública frente a cualquier hallazgo de dinero en efectivo vinculado a actores políticos.
Por ahora, el escolta permanece en libertad y el caso continúa en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si hubo delito o si, como sostiene la defensa, se trató de una captura sin sustento jurídico.
