El paso de Bernardo Camacho por la Nueva EPS sigue generando repercusiones judiciales. Durante su gestión como agente interventor, entre 2024 y 2025, acumuló sanciones por más de 2.117 millones de pesos derivadas de incumplimientos a fallos de tutela, según registros de la Rama Judicial.
Las multas, concentradas entre enero y julio de 2025, quedaron consignadas en las oficinas de cobro coactivo, lo que evidencia la reiteración de incidentes de desacato en un periodo crítico para la EPS con mayor número de afiliados en el país.
A estas sanciones se suman cerca de 196 millones de pesos adicionales relacionados con procesos contra Luis Fernando Bernal, representante legal de la entidad, también vinculados a incumplimientos judiciales.
Procesos personales que reflejan fallas de gestión
Aunque este tipo de sanciones recaen sobre funcionarios y no directamente sobre las entidades, los montos acumulados reflejan las dificultades en el cumplimiento de órdenes judiciales durante la intervención.
De acuerdo con información entregada por el Consejo Superior de la Judicatura, los procesos fueron conocidos en el marco de acciones promovidas por usuarios del sistema de salud, lo que pone en evidencia tensiones entre la operación de la EPS y la garantía de derechos fundamentales.
Camacho, según se ha conocido, no habría cancelado las multas, en parte porque los valores superan el patrimonio que reportó al asumir el cargo.
Investigaciones y decisiones bajo la lupa
El caso adquiere mayor relevancia en medio de las indagaciones contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien enfrenta cuestionamientos por el nombramiento de Camacho como superintendente de Salud, decisión que tomó cuando ejercía funciones presidenciales encargadas.
La designación ha sido revisada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, un hecho poco habitual para un ministro en ejercicio.
Ante posibles conflictos de interés en el seguimiento a la crisis de la EPS, se designó una superintendencia ad hoc en cabeza de Luz María Múnera, dado que Camacho no podía participar en decisiones relacionadas con la entidad que había intervenido.
Reuniones y manejo del sistema intervenido
Antes de su salida del cargo, Camacho participó en una serie de encuentros convocados por el Ministerio de Salud con interventores de varias EPS. Entre enero y marzo se realizaron al menos nueve reuniones en las que se revisaron temas como flujo de recursos, contratación, compra de medicamentos y atención a usuarios.
En estos espacios participaron entidades como Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Savia Salud y SOS, en medio de un contexto en el que el Estado mantiene bajo intervención a una porción significativa del sistema.
Transición y nuevo responsable
Tras la renuncia de Camacho a mediados de abril, la responsabilidad sobre las EPS intervenidas recae ahora en Daniel Quintero, quien asumirá de manera temporal la supervisión de estas entidades.
El episodio deja abiertas preguntas sobre la gestión durante la intervención de Nueva EPS y sobre los mecanismos de control frente al cumplimiento de decisiones judiciales en el sistema de salud.
En un sector que enfrenta presiones estructurales, el cumplimiento de fallos de tutela sigue siendo uno de los principales indicadores de funcionamiento y garantía de derechos para los usuarios.
