El senador Iván Cepeda pidió formalmente que se investiguen los audios atribuidos a integrantes de las disidencias de alias “Calarcá”, en los que supuestamente se estaría presionando a comunidades para votar a favor de su candidatura presidencial. El dirigente del Pacto Histórico aseguró que ni su campaña ni la coalición que lo respalda avalan cualquier tipo de presión armada o intimidación electoral y reclamó que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer los hechos.
La controversia surgió luego de que circularan grabaciones reveladas por medios nacionales en las que alias “Rogelio”, señalado integrante de las disidencias de las Farc vinculadas al bloque de alias “Calarcá”, habría dado instrucciones para respaldar políticamente a Cepeda en algunas regiones del país. En uno de los apartes del audio, el hombre afirma que sería conveniente que el candidato del petrismo ganara las elecciones porque eso favorecería a la estructura armada ilegal.
Frente a estas revelaciones, Cepeda reaccionó públicamente rechazando cualquier forma de coacción sobre los ciudadanos y marcando distancia de las acciones atribuidas al grupo ilegal.
“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial, aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, afirmó el senador.
El candidato explicó que en los últimos días recibió información procedente de organizaciones sociales, autoridades locales y reportes de la Defensoría del Pueblo sobre posibles presiones armadas en varias zonas del país. Según indicó, esos reportes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.
Cepeda reconoció además que existen denuncias sobre intentos de algunos grupos armados ilegales de influir en las elecciones presidenciales, promoviendo o rechazando determinadas candidaturas mediante intimidaciones a las comunidades.
Los audios conocidos públicamente también incluyen denuncias sobre presuntas extorsiones y control territorial en sectores cercanos a Puerto Cachicamo, en el departamento del Guaviare. De acuerdo con informes de inteligencia citados en la denuncia, las disidencias estarían imponiendo cobros ilegales a campesinos y habitantes de la región a cambio de permitirles permanecer en sus tierras.
En una de las grabaciones atribuidas a alias “Rogelio”, el presunto disidente asegura que quienes no paguen una suma de entre 150.000 y 200.000 pesos por una especie de “carné” serían expulsados del territorio. Las autoridades investigan si estas acciones forman parte de una estrategia de control social y político en corredores estratégicos para actividades ilícitas.
El caso revive las preocupaciones sobre la influencia de grupos armados en el proceso electoral colombiano, especialmente en departamentos históricamente golpeados por la presencia de estructuras ilegales y economías asociadas al narcotráfico.
Las autoridades judiciales y organismos de inteligencia avanzan ahora en la verificación de la autenticidad de los audios y en la identificación de los responsables detrás de las amenazas y presiones denunciadas.
